El soborno y el fenómeno de la corrupción

¿Qué es el soborno?

Del latín subornāre, fruto de sumar el sufijo sub (debajo) y del verbo ornare (equipar); sinónimo de “proveer a escondidas”.

El soborno se contempla como tal en legislaciones de otros países. En México estos actos se consideran como “cohecho” o “cohecho de extranjeros”, definiéndolo como:

Actividad por la cual un servidor público que por sí o por interpósita persona solicite o reciba ilícitamente para sí o para otro, dinero, cualquier beneficio o acepte una promesa para hacer o dejar de hacer un acto propio de sus funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión.
El que dé, prometa o entregue cualquier beneficio a algún servidor público, para que haga u omita un acto relacionado con sus funciones, empleo, cargo o comisión.
El que gestione, solicite a nombre o en representación del legislador federal las asignaciones de recursos u otorgamiento de contratos.

En conclusión, el soborno es una dádiva con la que se provee un beneficio indebido o ilícito a algún servidor público que tiene por obligación prestar sus servicios a la ciudadanía sin exigir ninguna prestación a cambio.

¿Qué es corrupción?

Del latín corruptiō, fruto de sumar el prefijo con (junto), el verbo rumpere (hacer pedazos) y el sufijo tio (acción y efecto); se traduce en acción y efecto de corromper, sobornar a alguien, depravar, echar a perder, pervertir o dañar, pudiendo tratar el tema como “depravación moral o simbólica”.

La corrupción es una situación o circunstancia en la que funcionarios o servidores públicos se corrompen, aceptando o exigiendo una dádiva para obtener un beneficio de cualquier índole a cambio de no realizar las funciones que por ley tienen encomendadas o realizarlas en un sentido para beneficiar a un particular.

Se pueden identificar dos clases de soborno:

Pago realizado por recibir un servicio con diligencia o speed payment.
Pago que busca cambiar la decisión sobre una persona con la que se violan las leyes, reglas, políticas o reglamentos distortive payment.

Antecedentes históricos de la corrupción en México

La corrupción se remonta a la época de la conquista y la colonia, en la que debido a la distancia entre la península ibérica y la nueva España se dificultó el control de los actos de conquistadores y gobernantes (incluyendo al primer Virrey Antonio de Mendoza), quienes aprovechaban la situación para enriquecerse o empoderarse a costa del servicio público.

La lucha para abatir éste fenómeno se presentó en diversos frentes, se endurecieron las penas señaladas en las leyes para delitos de robo, cohecho y fraude, se aplicaron rigurosos y temidos juicios de residencia a algunos funcionarios al concluir su mandato; en esta lucha cualquier acto público era aprovechado para denunciar las diversas formas de corrupción.

Entre los siglos XVIII-XIX nuestro país tuvo un periodo de inestabilidad social, política, económica (carecía de instituciones sólidas), de vacío de poder y de guerras internas y externas que culminaron con la Revolución Mexicana. Tiempo después comenzó un periodo de más de veinte años de una economía creciente y sostenida que, si bien fue ejemplo de muchos países, también es antecedente del aumento incontrolable del fenómeno de la corrupción, a la par del crecimiento y la bonanza económica.

En distintas épocas los gobiernos de México crearon diversas instituciones para enfrentar esta plaga, como la Contraloría Superior de la Federación con resultados efímeros. Entre los años 2014 y 2016 el estado Mexicano realizó diversas reformas a la Constitución Política, promulgando nuevas leyes para crear el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) en 2016 y requiriendo a las entidades federativas que para 2017, crearan sus propios Sistemas Locales Anticorrupción (SLA).

La corrupción en la actualidad

Ante el creciente fenómeno de la corrupción, la comunidad internacional a través de la ONU creó instituciones como la Comisión de Naciones Unidas para el Combate a la Corrupción (CNUCC) o la Comisión para el Combate a la Impunidad en Guatemala (CCIG), con el firme propósito de apoyar los esfuerzos de los diferentes estados y disminuir sus índices de corrupción.

Los gobiernos han tenido logros importantes en el tratamiento del soborno a través de acuerdos internacionales, como la Convención para Combatir el Cohecho de Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (CCCFPETCI) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

ISO creó la norma ISO 37001:2016, que contempla la implementación de un sistema de gestión antisoborno, para ayudar a las organizaciones públicas, privadas y sin fines de lucro, a prever, detectar, enfrentar o tratar los riesgos de soborno relacionados con su naturaleza, tamaño y actividades, así como las actividades de sus partes interesadas pertinentes (integrantes, socios, inversionistas).

Consecuencias del soborno

El soborno es una amenaza para el estado y el desarrollo sostenible en cualquier país del mundo; el Banco Mundial ha estimado que al menos el 2% del PIB mundial (2.5 billones de euros aprox.) son destinados para pagar sobornos al año.

A pesar de la existencia de múltiples leyes nacionales y acuerdos internacionales enfocados en la lucha contra el soborno, éste sigue siendo uno de los principales problemas sociales, teniendo consecuencias como:

Frenar el desarrollo y crecimiento económico, industrial, tecnológico y científico.
Corromper y distorsionar las buenas prácticas de competencia comercial.
Generar graves riesgos a los sistemas de justicia y democracia.
Propiciar la violación de derechos humanos.
Generar situaciones de desigualdad e inseguridad.
Vulnerar la seguridad de las naciones.
Deteriorar la reputación de los países, de cualquier organización y directivos.
Perder el respeto y confianza ante socios, inversionistas y clientes.
Desviar capitales internacionales.
Eliminar oportunidades a gobiernos y empresas para crecer y desarrollarse.
Insuficiencia de recursos para dirigir con eficacia el negocio y mantener sus niveles de operación.
Perder la calidad humana y profesional de las personas.
Perder el control sobre el destino de los recursos financieros y no financieros.